El diálogo democrático respeta y fortalece la institucionalidad democrática y busca transformar las relaciones conflictivas para evitar las crisis y la violencia y contribuir, por tanto, a la gobernabilidad democrático de los países. A nivel regional, el PNUD tiene como uno de sus objetivos principales apoyar, sistematizar y evaluar experiencias de diálogo en diversos niveles, identificando y divulgando lecciones aprendidas que fortalezcan el campo de estudio y práctica del diálogo democrático. Esta publicación documenta el proceso de institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos operada en el Estado Peruano a partir del año 2000, cuando se visibiliza de forma clara una serie de conflictos relacionados a la explotación de recursos naturales. El objetivo central es indagar e identificar elementos sobre el proceso de transformación o evolución que la práctica del diálogo y la prevención de conflictos ha tenido en el marco de la experiencia del Estado peruano; así como si ha evolucionado desde una situación informal y relativamente inorgánica hacia una situación altamente organizada.
Se ha producido como parte del proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”, implementado por PNUD Perú, con el apoyo del Clúster de Gobernabilidad y Consolidación de la Paz del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Este material es un aporte para practicantes de diálogo, funcionarios de gobiernos nacionales, regionales, municipales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos y todos aquellos comprometidos con la resolución pacífica de las controversias y los conflictos.
Aspectos Destacados
Las capacidades de monitoreo de la conflictividad eran inexistentes a comienzos de la década del 2000 al igual que las herramientas prácticas para anticipar o prever el estallido o surgimiento de un conflicto socioambiental. Por ende, la totalidad de los conflictos aparecían en el espacio público, o eran conocidos por las autoridades cuando se encontraban en fase de escalada, o bien a través de medidas de fuerza tomadas por algunas de las partes. Esta tendencia se revierte a partir del 2004 cuando entre otros actores, la Defensoría del Pueblo, comienza a hacer un seguimiento de los conflictos y a presentar sus reportes sobre conflictividad elaborados por una incipiente unidad de prevención de conflictos sociales.
La creación de la Comisión Multisectorial para la Prevención de Conflictos Sociales en el año 2006, la sanción de la Ley de Consulta Previa en 2010 y su reglamento en 2012, la elaboración y sanción de los lineamientos generales para la prevención de conflictos sociales en el Perú en el año 2011 y la creación de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad en el año 2012, representan hitos importantes en este proceso de institucionalización.
La institucionalidad para la prevención y gestión de conflictos desarrollada durante los últimos diez años en el Perú consiste en al menos tres elementos diferenciados, a saber: la normativa, las capacidades instaladas en los diferentes sectores e instituciones del Estado y las herramientas disponibles para promover la resolución y gestión de conflictos sociales y socioambientales. En cada una de estas tres categorías se evidencian avances considerables durante los últimos 14 años.