INTRODUCCIÓN
En todo el mundo, en regiones donde existen conflictos armados, es común que escuelas y universidades formen parte del contexto de combate. Pese a que el derecho internacional exige de manera general a las partes en conflictos armados resguardar en la mayor medida posible a los civiles frente a los riesgos de la guerra, debido a la falta de normas o estándares expresos que protejan a escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas para brindar apoyo a acciones militares, las fuerzas combatientes a menudo utilizan estas instituciones educativas con distintos propósitos. Las partes en conflictos armados han convertido escuelas en bases militares cercando con alambre de púas los patios de estos establecimientos y ocupando las aulas con catres de campaña para los soldados. Han instalado puestos de defensa en los techos de las escuelas, desde donde pueden observar las zonas aledañas, y han ubicado francotiradores en las ventanas de las aulas. También han acumulado fusiles en pasillos, escondido granadas debajo de los pupitres y aparcado vehículos blindados en los gimnasios. Las partes en conflictos armados no solo han ocupado por la fuerza escuelas adonde asisten niños, sino que también se han instalado en instituciones de formación superior y han empleado guarderías y jardines maternales durante sus campañas militares. A causa de esto, los estudiantes se ven obligados a permanecer en sus casas e interrumpir su educación, o proseguir sus estudios en presencia de soldados armados y en establecimientos que podrían ser alcanzados por el fuego cruzado.
El derecho a la educación de todas las personas está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los niños en particular están entre los beneficiarios más importantes de este derecho, y la Convención sobre los Derechos del Niño afianza este reconocimiento estipulando obligaciones concretas para los Estados, cuyo cumplimiento resulta fundamental para el efectivo ejercicio del derecho a la educación. Pero este derecho tendrá escasa trascendencia si los estudiantes no pueden asistir a escuelas o universidades en forma segura. El derecho de los conflictos armados (conocido asimismo como derecho internacional humanitario) recepta también la importancia de brindar a los niños educación durante conflictos armados y ofrecerles protección especial, y reconocer que los establecimientos educativos constituyen bienes de carácter civil que no deberán ser objeto de ataques, a menos que se conviertan en objetivos militares.
El uso de escuelas y universidades como bases, cuarteles, puestos de tiro y arsenales transforma a estos lugares de aprendizaje en objetivos militares. A causa de esto, pueden ser vulnerables a ataques legítimos conforme al derecho de los conflictos armados, en algunas circunstancias incluso si alumnos y docentes siguen presentes en el lugar. Asimismo, la presencia en escuelas y universidades de soldados que pertenecen a partes en conflictos armados a menudo provoca deserción estudiantil, un menor nivel de inscriptos, limita la transición a niveles educativos más avanzados y redunda negativamente en el rendimiento educativo de los alumnos. Esta situación suele afectar más profundamente a las niñas.
Las presentes Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados han sido formuladas con el propósito de reducir el uso de escuelas y universidades por las partes en conflictos armados en apoyo a sus acciones militares, y minimizar el impacto negativo que los conflictos armados tienen para la seguridad y la educación de los estudiantes. Deberán servir como guía para quienes participan en la planificación y ejecución de operativos militares, en lo que respecta a decisiones sobre uso de instituciones dedicadas a educación y los ataques contra tales establecimientos. Las Directrices constituirán una herramienta para las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que participan en medidas de monitoreo, programación e incidencia vinculadas con conflictos armados. Se insta a los Estados y organismos intergubernamentales a fomentar que todas las partes en conflictos armados actúen de manera acorde con estas Directrices y a colaborar con tales partes para que esto sea posible.
El conflicto armado puede tener un impacto nocivo en la educación de los menores. Atenta contra su seguridad y puede dañar seriamente —o incuso destruir— sus escuelas y universidades. El efecto a largo plazo de esta situación es que se frustra la reconstrucción posterior a conflictos y los intentos por conseguir una paz duradera y desarrollo en el futuro. Muy a menudo, las potenciales consecuencias a largo plazo del uso militar no resultan obvias para los jefes militares, que deben tomar decisiones difíciles en circunstancias complejas. Las Directrices han sido preparadas teniendo en cuenta esta realidad, a fin de ayudar a comandantes militares a reducir los efectos a largo plazo del uso militar para la seguridad y la educación de los estudiantes. Procuran inspirar una práctica responsable entre quienes intervienen en la planificación y la ejecución de operaciones militares.
Las Directrices se han formulado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones básicas:
• Las Directrices respetan las disposiciones vigentes del derecho internacional y no pretenden modificarlas. No tienen carácter jurídicamente vinculante en sí mismas, ni tampoco afectan las obligaciones existentes conforme al derecho internacional. El propósito de las Directrices es fomentar un cambio de conducta que redunde en mayor protección para escuelas y universidades en épocas de conflicto armado y, en particular, que se reduzca el uso de estos establecimientos por combatientes de partes en conflictos armados durante operativos militares. Se invita a los Estados y las partes no estatales de conflictos armados a que adopten las Directrices teniendo en mira el espíritu con que fueron formuladas y adecuando su aplicación práctica para que se corresponda con sus circunstancias particulares.
• Las Directrices se elaboran sobre la base de condiciones que son factibles en la práctica. Reconocen que todas las partes en conflictos armados enfrentan de manera ineludible complejos dilemas que exigen soluciones pragmáticas.
• Las Directrices reflejan evidencias de buenas prácticas que ya son aplicadas por algunas partes en conflictos armados para la protección de escuelas y universidades durante operativos militares. Estas evidencias incluyen declaraciones relativas a prácticas recomendadas en documentos como manuales de entrenamiento, la doctrina difundida y en manuales de derecho.
• Las Directrices se formulan con el propósito de que sean usadas por todas las partes en un conflicto armado. Por lo tanto, deberán recibir amplia difusión y ser implementadas tanto por Estados como por partes no estatales de conflictos armados.
• Si bien las Directrices han sido elaboradas especialmente para su aplicación durante conflictos armados, también podrían resultar útiles e instructivas en contextos posteriores a conflictos y otras situaciones similares, incluidas aquellas que podrían transformarse en conflictos armados.