Resumen ejecutivo
Colombia está ante la histórica oportunidad de dejar atrás un conflicto que ha afectado directamente a su población por décadas. Los acuerdos finales entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP permitirán la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, la firma y refrendación del acuerdo de paz con las FARC-EP, de capital importancia, deben entenderse como el inicio del verdadero proceso para lograr la paz.
El Estado colombiano tendrá la obligación de establecer una presencia sobre los territorios más alejados y abandonados, de una forma positiva que genere confianza, cambios reales y oportunidades para los territorios rurales afectados por el conflicto. Dudar o fallar en ésta labor podría perpetuar el periodo de violencia y frustración.
La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural. Los índices de pobreza y marginalidad, ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación pertinente y de calidad, son excepcionales en estas regiones. Según el último censo nacional, el 45,6% de las personas residentes en el área rural dispersa vive en condiciones de pobreza multidimensional, porcentaje que incrementa al 63,8% cuando se hace referencia a la condición de pobreza de grupos étnicos y poblaciones desplazadas por el conflicto armado.
Adicionalmente, éstas mismas zonas rurales son históricamente las más afectadas por la presencia de actores armados y la violencia. Según un estudio de 2012, el 57% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reclutados y vinculados por grupos armados procede de familias muy pobres que tienen severas restricciones en el consumo de alimentos y que se han desplazado como media 4,5 veces por violencia. La falta de educación, de oportunidades laborales y la condición de pobreza, se transformó en la receta perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el país.
La debilidad institucional y el conflicto confluyen en la precaria situación de la educación rural en materia de acceso, permanencia y calidad. Más de un 20% de los niños y adolescentes rurales entre 5 y 16 años no va a la escuela, porcentaje que se incrementa al 73,7% entre los 17 y 24 años. La mitad de los niños, adolescentes y jóvenes rurales no llega a superar el quinto grado.
Estos jóvenes tienen menos oportunidades de acceso al sistema escolar y no existen soluciones de fondo a los retos de calidad, permanencia y deserción. La falta de continuidad de la oferta educativa, el desplazamiento forzado, la pobreza y los problemas económicos, el coste de uniformes y útiles escolares, el transporte y la necesidad de trabajar son los principales problemas.
Los niños, adolescentes y jóvenes desvinculados y desmovilizados, que recorren las rutas establecidas de reintegración, presentan niveles educativos aún más bajos. Su nivel educativo está muy por debajo de la media (incluso, de la media de las áreas rurales). Esto sugiere una correlación entre bajo nivel educativo e integración en grupos armados, e indica que la falta de opciones educativas y la integración en grupos armados se retroalimentan y que la educación será imprescindible para romper la espiral de la violencia.
De acuerdo con el presente análisis, el Estado colombiano deberá priorizar el sector de la educación rural para lograr la construcción de una paz duradera. El Plan Especial de Educación Rural manifiesto en los acuerdos de Paz debe ser una prioridad para la distribución de los recursos para la implementación de los acuerdos de Paz. Si las instituciones educativas y el gobierno en general no logran tener una visión holística e integradora del papel estratégico de la educación rural en la construcción de la paz con perspectiva de género, existe el enorme riesgo de que las iniciativas que se planteen sean limitadas y los recursos previstos, escasos.
La voluntad política de mejorar la educación en Colombia en los últimos años contrasta con el olvido de las áreas rurales. En 2014 el gasto público en educación fue el 4,6% del PIB. De esta cantidad, sólo el 0,5% va a educación rural. Según estudios, implementar las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo (MTC) en materia de educación rural exigiría la inversión del 1,2% del PIB durante quince años; visto desde otra perspectiva, un incremento anual del 0,7% del PIB.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales son especialmente afectados por la pobreza y exclusión, vinculación al conflicto armado y déficits institucionales.
En materia de educación, tienen menos acceso al sistema escolar y más problemas de permanencia. La correlación mencionada anteriormente entre bajo nivel educativo y vinculación a grupos armados así lo sugiere. Estos jóvenes campesinos y de comunidades indígenas y afrodescendientes necesitan mejores opciones que la economía ilegal, o vinculación forzada a los actores armados no estatales.
La educación es el primer paso para que puedan construir esas oportunidades. Pero para ello, Colombia debe asumir un esfuerzo importante en materia institucional, de voluntad política e inversión en educación rural que la transforme en una fuente de oportunidades y un dividendo de paz.
Colombia necesita un gran pacto por la educación rural en el que participen instituciones del estado, todo el sector educativo, sociedad civil y sector privado, con apoyo sostenido de los donantes internacionales y la experiencia y el acceso que las organizaciones internacionales han logrado durante las últimas tres décadas.
Ese pacto nacional por la educación rural debe promover avances en la planificación y movilización de inversiones para mejorar el acceso y permanencia con calidad en la educación rural. Esto contribuiría a sentar las bases para incrementar la inversión en educación en las áreas rurales más afectadas por el conflicto y poner en marcha una política ambiciosa que incluya las medidas sobre educación rural contenidas en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, incluyendo el Plan Especial para la Educación Rural, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y las medidas para la reincorporación con éxito de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes desvinculados y desmovilizados a raíz del acuerdo.