Resumen ejecutivo
Un arduo proceso de negociaciones ha llevado a Colombia al borde de la paz con su grupo insurgente principal, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras más de medio siglo de conflicto, parece estar llegando a su fin una guerra que ha dejado más de 220.000 muertos, desplazado a seis millones de personas y marcado tanto las regiones más pobres como al Estado central creando profundas divisiones y persistente rencor. El 23 de junio, los equipos de negociación anunciaron un plan detallado para reunir a los combatientes de las FARC en 28 cantones y campamentos para dejar las armas. Los 15.000 combatientes y milicianos de la insurgencia se integrarán en la vida civil mientras buscan convertir su ideología radical en una fuerza capaz de competir en un sistema democrático. El acuerdo final de paz, anunciado el 24 de agosto, resolvió las últimas disputas y reunió los acuerdos anteriores para poner en marcha un esquema ambicioso de justicia transicional; rescatar a la Colombia rural de las duras desigualdades; expandir la democracia nacional; y comenzar, con la ayuda de las FARC, un programa para reemplazar la coca con cultivos legales y otras actividades no relacionadas con la agricultura.
Sin embargo, la paz se enfrenta a amenazas reales. El acuerdo finalizado en La Habana tiene la aprobación del Gobierno y de la cúpula guerrillera, pero todavía no cuenta con el apoyo completo ni del público general ni de las FARC en su totalidad. Los próximos seis a nueve meses supondrán una gran prueba que, de no ser abordada de forma efectiva, amenazará con descarrilar el acuerdo, limitando su impacto sobre los combatientes guerrilleros y fracasando en el intento de prevenir la reproducción crónica de la violencia.
Haciendo uso en gran parte la baja popularidad del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, la oposición ha surgido bajo la influencia del expresidente Álvaro Uribe, el antagonista principal del proceso de paz. Si el plebiscito para aprobar el acuerdo de paz el 2 de octubre falla, lo más probable es que Colombia sufra nuevas convulsiones políticas y un retorno a la guerra.
Pero incluso si el plebiscito es exitoso, el Gobierno solo tendría un breve respiro. Los planes del cese de fuego y la dejación de armas de las FARC dependen de cómo transcurra la transición al nivel local. Tomando en cuenta la campaña de exterminio que buscó evitar la participación política de las FARC después de un acuerdo de cese de fuego hace 32 años, la seguridad real y percibida de los excombatientes es fundamental para el éxito de la fase temprana del posconflicto. Las venganzas locales en contra de la guerrilla, el descontento de ciertos frentes de las FARC sobre partes del acuerdo, así como los intereses de otros grupos armados ilegales para asumir el control de tierras (cultivos de coca y negocios ilícitos anteriormente controlados por las FARC), evidencian la existencia de riesgos serios en una transición delicada.
Una aproximación transparente ante estos y otros riesgos podría ayudar a los líderes del Gobierno y la guerrilla a manejar las turbulencias. Una fuerte estrategia de comunicaciones para educar a la población sobre el contenido de los acuerdos ayudaría al voto por el “sí” en el plebiscito. Los esfuerzos de la campaña tendrán que separar el acuerdo en sí de la percepción de mal desempeño del Gobierno y enfocarse en refutar las exageradas acusaciones planteadas por la oposición en las que aseguran que los criminales de guerra de las FARC no servirán penas de cárcel. Asimismo, las FARC deberían contribuir mostrando acciones públicas de buena voluntad y arrepentimiento.
Los estrictos protocolos para proteger a los combatientes de las FARC, que ya fueron acordados, deberían ser afinados mientras el grupo proceda con la dejación de armas. Sin embargo, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y otros actores estatales asegurarse de que los vacíos de poder dejados por la insurgencia se ocupen lo más rápido posible y que las comunidades afectadas por el conflicto sientan alguna afinidad por un Estado que por mucho tiempo han visto como distante y brutal. Frente a todos estos retos, la Misión inicial de la ONU buscará monitorear y verificar el cese al fuego y la dejación de armas. Tomando en cuenta la extrema polarización de la sociedad colombiana, que es causa y legado del levantamiento de las FARC, la Misión tiene que actuar como un árbitro neutral, encargado de recibir y administrar las armas del grupo, vigilar los cantones e investigar y reportar las violaciones del cese al fuego. Su mandado es limitado, acotado en tiempo y difícil.
Para cumplir con éste, la Misión tendrá que manejar con mucho cuidado las expectativas de las comunidades y mantener el diálogo con ellas para adquirir la información crucial sobre posibles violaciones. Tendrá que entender la dinámica de otros grupos armados ilegales todavía activos en el campo y evaluar de forma precisa todas las posibles violaciones. Cuando haya disputas entre las FARC y el Gobierno, la Misión se podría encontrar en tierra frágil. Sería útil consultar con los delegados noruegos y cubanos al proceso de paz. De la misma forma, la comunidad internacional tendrá que expresar con cierta frecuencia su apoyo a la Misión.
Colombia se ha enfrentado a momentos más difíciles que éste en sus más de 50 años de conflicto. Su respuesta a estos obstáculos decidirá si la guerra será historia o realidad para las generaciones venideras.